Los países de la Unión Europea han intensificado sus esfuerzos para controlar la inmigración irregular mediante la adopción de nuevas tecnologías en sus fronteras. Desde cámaras térmicas y sistemas de rayos X hasta el uso de inteligencia artificial, estos avances buscan frenar la inmigración irregular y contrarrestar amenazas externas, como la influencia rusa. Sin embargo, estas medidas plantean riesgos significativos para los derechos de los migrantes y refugiados.
Una directriz de la UE de 2021 desalentó el uso de fondos comunitarios para la construcción de muros o vallas, considerando que no es la estrategia más eficiente para el control fronterizo. En cambio, varios países del sur y el este de Europa han impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías en sus pasos fronterizos. Estas herramientas, aunque efectivas para la seguridad, plantean preocupaciones sobre su impacto en los derechos humanos.
Un informe publicado por el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados y la Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados analiza el uso de los casi 4.000 millones de euros del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras de la UE para el periodo 2021-2027. La mayoría de los países, excepto Alemania y Letonia (que no publican sus datos) e Irlanda (que no recibe estos fondos), destinan su asignación a la modernización de infraestructuras fronterizas y sistemas de vigilancia.
Los estados del este y los países bálticos, motivados por la amenaza rusa, lideran las inversiones en tecnología avanzada. Estonia planea gastar dos millones de euros en sistemas innovadores de teledetección, mientras que Lituania y Polonia destinarán 138 millones para reforzar la vigilancia en la frontera con Bielorrusia. La crisis migratoria orquestada por el régimen de Minsk en 2021 ha intensificado estos esfuerzos.
La tensión en la frontera con Bielorrusia ha llevado a Polonia a priorizar la seguridad fronteriza, invirtiendo en torres de vigilancia, sistemas perimetrales móviles y dispositivos de visión térmica y nocturna. Un incidente reciente en junio, donde un soldado polaco fue apuñalado por un migrante, subraya la urgencia de estas medidas en un contexto electoral.
Los países del Mediterráneo, como Grecia, España e Italia, son los principales receptores de fondos, con más de 1.700 millones de euros asignados. Grecia destina aproximadamente 1.000 millones a proyectos que utilizan inteligencia artificial para la vigilancia. Sin embargo, el uso de estas tecnologías ha generado multas y críticas por la falta de evaluaciones previas y salvaguardas adecuadas.
Malta, a pesar de su ubicación clave para las operaciones de rescate en el Mediterráneo, no asigna fondos para equipos marítimos, centrándose en cambio en la vigilancia aérea. Esta tendencia refleja una desvinculación progresiva de sus obligaciones de salvamento, según denuncias de observadores internacionales.
España destaca por su inversión en cooperación con terceros países, desplegando agentes y vehículos en regiones de alta emigración hacia Europa. Una investigación de el diario EL PAÍS reveló que Mauritania y Marruecos utilizan camionetas cedidas por España para deportaciones sumarias en el desierto, un método conocido como devoluciones en caliente, cuyo objetivo es desincentivar a las personas para que emprendan la ruta hacia Europa. Austria, Italia o Portugal también cooperan con países como Túnez, Egipto o Angola. El propósito, defienden, es colaborar en la lucha contra el contrabando y con la trata de seres humanos.
Del total de fondos proporcionados por la UE, solo el 0,04% se destina a iniciativas para apoyar a personas vulnerables y solicitantes de protección internacional. Croacia y Finlandia son los únicos países que han invertido en estas prioridades.
A pesar de los esfuerzos de modernización, la inmigración irregular hacia Europa sigue aumentando. Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, registró 380.000 llegadas irregulares en 2023, el nivel más alto desde 2016 y un 17% más que en 2022. @mundiario
