juez que lleva el caso de Nicolás Petro está amenazado y tiene “riesgo extraordinario”. Sin embargo, el Gobierno aún no lo protege

Uno de los procesos más sonados que lleva la justicia en la actualidad está en manos de un juez que se siente en peligro, y así se lo ha manifestado a todas las autoridades. Ha recibido amenazas y seguimientos; hay personas merodeando su casa, carros desde donde lo vigilan y llamadas de números extraños. Aunque ha encendido las alarmas, camina a pie y sin ningún tipo de protección. Se trata del juez especializado de Barranquilla Hugo Carbonó, quien lleva el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro.

Este calvario ha llevado al juez Carbonó a recorrer despachos en busca de protección. Ha ido a la Policía, ha hecho solicitudes de protección al Consejo Superior de la Judicatura, a la Procuraduría, a la misma Corte Suprema de Justicia, y llegó hasta la Unidad Nacional de Protección (UNP), donde tuvo que narrar y entregar detalles de la peligrosa situación que enfrenta. El diagnóstico no pudo ser otro: el juez Carbonó tiene un nivel de “riesgo catalogado como extraordinario”, pero no pasa nada.

SEMANA revela en exclusiva los documentos que demuestran el riesgo que enfrenta el curtido juez Carbonó, quien no se deja amilanar y, en épocas oscuras de la violencia en el país, fue uno de los llamados “jueces sin rostro”. Por sus manos también pasó otro de los expedientes más emblemáticos de la historia: el del magnicidio de Luis Carlos Galán.

Hay una escena que habla por sí misma. Era el 29 de abril y Nicolás Petro estaba citado para continuar el juicio en su contra. Antes de llegar, ya había varias camionetas del esquema de seguridad de Presidencia esperándolo; al bajarse de su vehículo blindado, de la mano de su pareja, Laura Ojeda, lo rodeó un nutrido grupo de escoltas que hacía imposible el acceso al custodiado hijo del presidente.

En medio de la seguridad y la nube de periodistas, llegó un hombre en un modesto carro particular, solo, con morral al hombro, y pasó de agache en el ingreso a la trascendental diligencia judicial. Entró al despacho, abrió su maleta, sacó la toga, el computador, unas carpetas con documentos y elementos personales, y se sentó en la mesa principal de la sala de audiencias.

Se trataba del juez Hugo Carbonó, el único de los protagonistas de esta trama judicial a quien nadie cuida, aunque en sus manos está la libertad del hijo del mandatario, en medio de un juicio en el que, en sus primeras etapas había confesado su culpabilidad, había dicho que su papá tenía conocimiento de la supuesta financiación irregular de su campaña y que no se iba a inmolar por él.

Sus angustiosas alertas por seguridad lo han llevado a trasladarse a Bogotá, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), donde tuvo que contar todo lo que está viviendo, los seguimientos, las amenazas y el inmenso riesgo que representa ser el juez de uno de los casos más sonados en el país. Después de varias sesiones y estudios, la conclusión no deja una sola duda: “El nivel de riesgo es extraordinario”.

Así quedó consignado en documentos conocidos en exclusiva por SEMANA y firmados por el director de la UNP, Augusto Rodríguez. La Resolución Dgrp 002188 de 2024 señala claramente que “dar a conocer al señor (a) Hugo Junior Carbonó Ariza identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 126****, la validación del nivel de riesgo como extraordinario, emitida por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM de Servidores y Exservidores Públicos”.

Y la orden es clara: “Adoptar las medidas de protección recomendadas por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM de Servidores y Exservidores Públicos de competencia de la Unidad Nacional de Protección”, pero tampoco se ha cumplido.

El asunto no es de poca monta. Carbonó parece estar vigilado todo el tiempo, y les dijo a las autoridades que hay vehículos de diferentes marcas que de forma reiterada se parquean media cuadra antes de su casa desde la mañana, y lo mismo ocurre en las tardes cuando llega del trabajo. Lo que llama la atención y ha sido verificado, es que mientras está en el complejo judicial, lejos de su casa, los carros desaparecen.

Cuando ha salido a sitios públicos como restaurantes, incluso acompañado por su familia, manifestó a los investigadores que hay personas que se sientan cerca, lo observan, y hasta cree que le han tomado fotos. La única opción que encuentra es pararse y volver a su casa para evitar el riesgo para él y sus acompañantes. En una ocasión, tiene la certeza, uno de los sujetos se sentó tan cerca que cree que pretendía grabarlo.

En el documento de la UNP queda claro el viacrucis que ha vivido el juez Carbonó desde que asumió el caso Nicolás Petro, y todas las puertas que ha tocado de forma infructuosa buscando que le protejan su vida.

“En el proceso de recopilación de información se pudo observar que fueron consultadas entidades municipales y autoridades territoriales, como la Fiscalía General de la Nación, entidad que informó que el señor Hugo Junior Carbonó Ariza interpuso denuncia penal por el delito de amenazas en el año 2023, proceso que se encuentra activo y en etapa de indagación. De igual forma, la Policía Nacional comunicó que tienen registros de denuncias interpuestas por el valorado por el delito de amenazas, en el mes de enero de 2024 y que fue citado para ampliar información”, se lee en documento de evaluación de riesgo.

Como consta en los informes en poder de SEMANA, desde el año pasado el juez Carbonó ya había tenido una evaluación de riesgo, y en ese momento su nivel era calificado como “extraordinario”, por eso nadie se explica por qué lo han dejado a su suerte y no tiene protección.

La misma UNP lo reconoce: “Se pudo concluir que el evaluado continúa sometido a un nivel de riesgo excepcional que no tiene el deber jurídico de soportar, sin variación en la intensidad en comparación con el anterior estudio de nivel del riesgo; derivado de su cargo como Juez Penal del Circuito Especializado de Barranquilla (Atlántico), teniendo asignados casos de connotación nacional”.

Lo que resulta irónico es que el juez penal especializado de Barranquilla sí se ha encargado de brindar todas las garantías de seguridad para el acusado Nicolás Petro. El mismo Carbonó se ha encargado de oficiar a las autoridades solicitando seguridad en los traslados para las audiencias del hijo del presidente. En este caso sí se han otorgado de forma inmediata.

El juez Carbonó debería estar fuertemente custodiado no solo por llevar el caso del hijo del presidente Petro. El riesgo para su vida es inminente pues, según documentó a la UNP, él fue quien envió a la cárcel a la pareja del peligroso criminal Ober Ricardo Martínez, conocido como el Negro Ober, quien, sin reparo, luego de esta decisiónm, grabó un amenazante video contra el juez, fiscales, guardias del Inpec, y hasta prometió una arremetida criminal en Barranquilla.

“En el año 2023, le fueron asignados procesos de connotación nacional como el caso en contra de la esposa del sujeto conocido con el alias de Negro Ober, cabecilla del grupo armado ilegal autodenominado Los Rastrojos Costeños, a quien él hizo trasladar a una cárcel de máxima seguridad para evitar que siguiera extorsionando y ordenando actividades de sicariato en la ciudad de Barranquilla”, advierte el documento de la Unidad de Protección que agrega que “en el caso de la esposa del Negro Ober, profirió condena y negó su libertad, situación que generó inconformismos por parte de este cabecilla y que fueron expuestos por ‘medios abiertos’.

Ante las últimas circunstancias y los seguimientos que supuestamente le estarían haciendo incluso con vehículos en su casa y su trabajo, las diferentes entidades se han tirado la pelota. La UNP le ha comunicado al Consejo Superior de la Judicatura para que tome medidas y no ha movido un dedo.

Por ahora, la única seguridad que tiene Carbonó es un escolta que no es permanente y lo acompaña a determinados desplazamientos. Además, un chaleco antibalas que poco o nada le puede servir en caso de un ataque.

A todo este riesgo y adversidades a las que se enfrenta el juez Carbonó en materia de seguridad, se suma el hostigamiento judicial que ha emprendido la defensa de Nicolás Petro desde el mismo inicio del juicio, cuando la primera solicitud fue la nulidad del proceso, que fue rechazada de inmediato por el juez.

Ante esta decisión, se fueron ante el Tribunal Superior de Barranquilla, alegando que se le vulneraron los derechos al “debido proceso y a la doble instancia”, buscando tumbar el caso. El juez también presentó su artillería jurídica, se defendió y el tribunal le dio la razón.

No conforme, nuevamente la defensa de Nicolás Petro decidió insistir esta vez ante la Corte Suprema de Justicia que también le dio la razón al juez penal especializado, y el caso se mantiene firme, pero con pocos avances por cuenta de estas arremetidas jurídicas que lo han dilatado.

La última carta que se jugó el juez Carbonó para que le protejan la vida en medio del “riesgo extraordinario” que determinó la UNP, es una reunión que ya pidió con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la cual, al igual que su esquema de seguridad, está esperando que le confirmen. Lo que se sabe es que en esta cita presentará nuevas pruebas y detalles de los seguimientos y amenazas que aún no ha querido ventilar en público, pero que espera se conviertan en medidas inmediatas por parte de la Fiscalía.