Por caso de polígrafo irregular a Marelbys Meza, Fiscalía General Penal Militar y Policía se toman la Casa de Nariño

En medio del gigantesco escándalo del uso del aparato de seguridad del Estado para perseguir y acosar a Marelbys Meza, exniñera de la actual directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, hay un pulso entre la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar por quién tiene la facultad para adelantar este proceso, en especial en el caso del poderoso coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la Casa de Nariño a quien apuntan todos los reflectores y cuya defensa considera que debe ser investigado por la Penal Militar.

Fuentes de la Policía confirmaron que son investigadores y peritos de la Justicia Penal Militar y Policial los que se encuentran en el palacio presidencial, dentro los que cuales hay un perito en fotografía, otro en topografía y varios funcionarios judiciales.

Como se recordará, por este caso está acusado formalmente por la Fiscalía el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, y quien es señalado por la justicia como el presunto cerebro de todo el despliegue que ejecutó la Policía en contra de Meza, por un dinero que se le perdió a Sarabia en su casa.

En entrevista con SEMANA, el fiscal de la Justicia Penal Militar, el general Marco Bolívar, explicó cuál sería el trámite que tendría el caso del coronel Feria y de los otros policías que se encuentran vinculados en el proceso de llegar el expediente a esta instancia.

Agregó el oficial que: “Hay que tener en cuenta que dentro del esquema procesal figuran unos tiempos para que el fiscal, o bien impute o bien precluya, pero lo que no es quedar esta investigación en el limbo, que no pase ni una cosa ni la otra. La ley determina un máximo de tres años para decidir si se imputa o precluye la investigación, igual como sucede en la jurisdicción penal ordinaria”.

Hay que mencionar que el caso se encuentra actualmente en la Corte Constitucional, corporación judicial que deberá definir si el proceso se mantiene en la justicia ordinaria o lo traslada a la Justicia Penal Militar, como lo solicitó la defensa de coronel Feria.