Escalafón único y designaciones de personal reavivaron las internas en la Justicia Federal

Apenas comenzó a organizarse el esperado juramento de los vocales del flamante Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) de Córdoba se generaron ruidos internos en la sede judicial del Parque Sarmiento. El viernes último, después del mediodía, se realizó la ceremonia de asunción de los nuevos vocales, Cristina Giordano y Facundo Zapiola. El tercer juez designado, Angel Andreu, declinó el cargo.

Antes de la puesta en funciones, la delegación local de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) advirtió públicamente que no tolerará la designación de personal externo en la nueva estructura. Abrió el paraguas y planteó el rechazo a la inclusión de “paracaidistas”.

El inconveniente radica en que el ingreso de abogados litigantes o de la Justicia provincial –que no provienen de la carrera judicial federalmodificará los listados del escalafón próximo a ser publicado por la Cámara Federal. Trabajadores que tenían la expectativa de ser ascendidos por el movimiento que generará la apertura del nuevo tribunal de juicio, verían postergados esos anhelos por el ingreso de personal externo. Eso es lo que está defendiendo el sindicato.

Asunción Giordano y Zapiola
ASUNCIÓN. Después de cuatro años de espera, Cristina Giordano y Facundo Zapiola juraron como vocales del TOF3. El tribunal fue creado por ley en el año 2010.

El TOF 3 tendrá una estructura de 12 empleados que ocuparán una secretaría, una prosecretaría, dos prosecretarías administrativas, tres jefaturas de despacho (relatorías), tres oficiales y dos escribientes. La decisión de quiénes ocuparán cada cargo corre por cuenta de los flamantes jueces federales Giordano y Zapiola. Los nombramientos se conocerán durante esta semana.

En los últimos días corrieron rumores de que varios empleados llegarán desde la Justicia provincial y otros obtendrían abruptos ascensos dentro de los tribunales federales, sin respetar lo que establece el reglamento interno: antigüedad en la función, aptitud y que la promoción sea desde el cargo inmediato anterior. No será fácil demostrar el último requisito porque todavía no se ha confeccionado el escalafón único.

Por eso, el jueves último con la firma de Julio Piumatto, Lorena Sánchez –secretario General y secretaria Gremial de la UEJN- y de Juan Triputti –secretario Regional- elevaron una nota a la presidenta de la Cámara Federal, Graciela Montesi, en la que pidieron ‘de manera urgente’ que se confeccione y publicite el listado porque, ante las inminentes designaciones del TOF3 se “ponen en juego derechos laborales de numerosos empleados/as”.

Hay funciones en todos los juzgados y tribunales colegiados que son y deben ser cumplidas por personas de confianza de cada juez o jueza. Es el caso de los secretarios y los relatores. Para el resto de designaciones el gremio se plantó y dijo que exige que sean todos de la planta actual.

Triputti, señaló a este medio que si eso no sucede habrá impugnaciones de quienes ven afectados sus derechos. Agregó que el gremio apoyará esos reclamos y que podría presentar recursos de reconsideración y hasta pedidos de avocación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que declare nulos esos nombramientos.

El escalafón de la discordia. El escalafón único también enfrenta a la Cámara Federal de Apelaciones con los dos Tribunales Orales Federales ya existentes. La Corte Suprema, en la Acordada 24/2023 de agosto pasado estableció que las Cámaras Federales de cada jurisdicción deben confeccionar el escalafón único, incluyendo al personal de los Juzgados de primera instancia, al propio y al de los Tribunales Orales, haciendo la salvedad que éstos últimos mantienen el poder de superintendencia respecto de sus funcionarios y empleados. Es decir que cada TOF otorga licencias, ascensos a sus trabajadores.

La semana pasada, los cinco vocales de los TOF1 y 2 –Carolina Prado, Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier, Noel Costa y Fabián Asís – emitieron una acordada considerando que cumplieron con la remisión a la Cámara Federal de Córdoba del listado de sus tribunales, especificando datos personales, cargo, título, fecha de ingreso y del último ascenso, antigüedad y calificaciones de cada empleado. Notificaron del tema a la Corte Suprema.

La controversia se produce porque además de esos datos, la Cámara Federal les pidió remitir los legajos. Los TOF se opusieron por considerar que son custodios de esa documentación y les está vedado cederla a otro tribunal, haciendo presente que pueden ser consultados en forma digital.

PERFIL CÓRDOBA consultó a la presidenta de la Cámara Federal, Graciela Montesi. Recordó que en el año 2006, con la integración de aquel momento, la Cámara Federal confeccionó un escalafón único junto a los dos tribunales orales. Con el transcurso del tiempo quedó desactualizado porque los tribunales orales “nunca más nos mandaron ninguna información a pesar de que se las habíamos requerido”, señaló.

“Cuando sale este año la acordada de la Corte nos reunimos en acuerdo y les pedimos (a los TOF) no solamente los escalafones sino también los legajos”. Y agregó: “Ellos nos mandan uno pero tiene muchos problemas”.

Si bien la Cámara Federal tiene esos listados, considera que el acceso a la documentación del personal es fundamental para valorar la carrera judicial y ponderar la formación académica adquirida. “Tenemos un reglamento según el cual calificamos con puntaje porque no es lo mismo que un escribiente tenga título de abogado o que no lo tenga; o si tiene un posgrado con especialización en una materia; entonces en función de las especializaciones, la antigüedad en el cargo efectivo se establecen los puntajes”, citó como ejemplo.

“Nuestro reglamento para otorgar puntaje a los empleados está aprobado por la Corte –subrayó Montesi-, no podemos salir ni aplicarlo para un sector y para otro no porque de ese modo el personal de los tribunales orales quedaría en el fondo y se los perjudicaría”. El tema se encuentra a consideración de la Corte Suprema.

Por su parte, la Cámara lo analizará en acuerdo en las próximas semanas. La discusión –cuyo trasfondo es difícil de entender- motivó la postergación de la publicación del escalafón único. Según el gremio, cada TOF tiene aproximadamente 50 empleados y la Cámara Federal, alrededor de 200. No se conoce exactamente qué lugar ocupa cada uno en el escalafón.

A las rispideces por esta discusión se sumó otra: quién tomaba juramento a los nuevos jueces, Cristina Giordano y Facundo Zapiola. Por decisión de la Corte, lo hizo la Cámara Federal a pesar de que los vocales de los tribunales orales tienen el mismo rango. El tema tomó tal envergadura que en señal de protesta, los miembros de los TOF 1 y 2 no asistieron. Solo dijeron ‘presente’ las presidentas de ambos cuerpos colegiados, Carolina Prado y Noel Costa, respectivamente. Las sillas vacías fueron una expresión más que elocuente.

Sillas vacías
SILLAS VACÍAS. Los dos tribunales orales estuvieron representados sólo por sus presidentas, Carolina Prado (TOF1) y Noel Costa (TOF2). El resto de vocales no asistió.

QUÉ DIJO LA CORTE

La Corte Suprema definió en la Acordada 24/2023 que el poder de superintendencia para elaborar el escalafón único recae:

En las “cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias sobre su propio personal y el de los juzgados de primera instancia de los que son tribunales de alzada”.

Y también especificó:

“Los tribunales orales en lo criminal federal del interior del país, ejercerán las facultades de superintendencia sobre su propio personal; manteniendo en las cámaras federales de apelaciones con asiento en las respectivas provincias, la facultad de fijar el escalafón de los funcionarios y empleados de los tribunales orales en lo criminal federal que funcionen dentro del distrito judicial correspondiente a su competencia territorial, por lo que sólo procede que las cámaras mencionadas confeccionen un único escalafón de todo el personal de la jurisdicción”. El gremio y los jueces de los TOF interpretan que debe haber un escalafón para la Cámara y esos tribunales y otro para los Juzgados de primera instancia. Montesi, en cambio, afirmó que debe ser uno solo para toda la jurisdicción.

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